El Directorio del Colegio de Abogados de Villa María expresó este viernes 24 su preocupación por la situación institucional del sistema judicial local. El pronunciamiento se produjo luego de que dos de los tres fiscales con asiento en la ciudad se encuentren involucradas en procesos judiciales de significativa gravedad.
Por estos días, se conoció que la abogada penalista Teodora Perassi denunció una “red de corrupción en el sistema judicial” ante la fiscal Juliana Companys. Este entramado involucraría, según la denunciante, al fiscal de Instrucción René Bosio, funcionarios y abogados.
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Asimismo, Companys también tiene una denuncia en su contra y un pedido de jury ante la Legislatura de Córdoba.
En este contexto, el Colegio presidido por Itatí Demarchi, señaló que las investigaciones generar una situación de particular sensibilidad institucional.
La preocupación no se limita al impacto sobre el funcionamiento del servicio de justicia, sino también al efecto que proyecta sobre la seguridad jurídica, la confianza pública y el prestigio del ejercicio profesional.
Rechazo a generalizaciones
En el comunicado, se reafirma que las situaciones individuales no pueden generar sospecha sobre el conjunto de la abogacía litigante.
“No puede admitirse que situaciones individuales, cualquiera sea su gravedad, generen un manto de sospecha sobre el conjunto de la abogacía litigante ni alteren las condiciones de seguridad jurídica indispensables para el libre y digno ejercicio profesional”, estableció el comunicado.
También defienden que las garantías necesarias para el ejercicio profesional no pueden verse afectadas por hechos particulares.
Acciones institucionales
El Colegio informó que evalúa acciones orientadas a resguardar el normal funcionamiento del sistema de justicia.
El objetivo apunta a mantener la confianza pública y garantizar que los profesionales continúen ejerciendo con plena libertad, independencia y resguardo institucional.
El descargo del fiscal
René Bosio sostuvo en su escrito enviado a La Voz del Interior que su actuación se ajustó en todo momento a la Constitución nacional, a las leyes vigentes y a los principios públicos.
El funcionario afirmó que las decisiones adoptadas en sus investigaciones cuentan con fundamentos debidos y están sujetas a los mecanismos institucionales.
El fiscal señaló que cualquier disconformidad con sus resoluciones dispone de las vías procesales correspondientes para su revisión técnica.
Asimismo, Bosio destacó que el requerimiento de Companys se inscribe en un contexto institucional que actualmente es objeto de debate público en la provincia.
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