La fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene como principal imputada a la exauditora general de Villa María, Alicia Peressutti, en una investigación que también involucra a la intendenta de Ballesteros, Graciela Sánchez, y a los exdirectivos de la Asociación Nazareth, Ernesto Lazarte y Lorena Pinta.
Según pudo conocer El Diario, el requerimiento fue presentado ante la Cámara del Crimen local. La causa apunta a un supuesto esquema destinado a defraudar fondos públicos mediante organizaciones no gubernamentales.
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La investigación
Según la acusación de la Fiscalía, el caso gira en torno a la relación entre las organizaciones Vínculos en Red, Asociación Nazareth y Mama Antula.
Estas, dice la fiscalía, compartían infraestructura y recursos para la atención de niños, personas en tratamiento por consumos problemáticos y mujeres víctimas de trata, pese a tener objetivos institucionales diferentes.
La investigación sostiene que, ante la falta de recursos para sostener el funcionamiento de las instituciones, se habría recurrido a la creación de una nueva ONG para acceder a financiamiento destinado específicamente al cuidado de menores de edad.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, a los niños los alojaban en un inmueble distinto al que estaba declarado oficialmente.
Según Companys, esta situación que habría permitido justificar el uso de fondos públicos bajo condiciones que no se correspondían con la realidad.
Chats, facturas y rendiciones
Uno de los elementos centrales de la causa surgió durante los allanamientos realizados en el marco de una investigación paralela por denuncias de presuntos abusos sexuales contra Ernesto Lazarte.
En esos procedimientos secuestraron teléfonos celulares en los que, según la investigación, apareció un grupo de WhatsApp denominado “Mama Antula II”, que integraban los cuatro imputados.
Siempre de acuerdo con la acusación fiscal, en esas conversaciones se coordinaba la obtención de tickets y facturas para respaldar rendiciones de aproximadamente 2,5 millones de pesos correspondientes a fondos provinciales.
La instrucción también incorporó testimonios de personas que figuraban como emisoras de comprobantes.
Estas personas, dice fiscalía, aseguraron ante la Justicia no haber confeccionado ni firmado esas facturas.
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