Tres empresas de Villa María recibieron un fallo adverso en una demanda laboral, al comprobarse que adulteraron recibos de pagos de indemnización de un trabajador despedido.
Esto podría derivar, además, en una investigación penal por un posible delito.
El fallo de la Cámara Única del Trabajo de la ciudad de Villa María condenó a tres firmas empleadoras a pagar la indemnización sustitutiva de preaviso, la indemnización por antigüedad y las diferencias de haberes.
Todo esto lo había reclamado un trabajador que desarrollaba tareas de herrería y soldadura.
Entre otros argumentos, el camarista Marcelo Salomón le asignó un nulo valor probatorio a los “recibos de pago” que las demandadas habían ofrecido como prueba.
Según entendió el juez, la pericia caligráfica oficial había determinado que estaban adulterados.
El magistrado interviniente consideró que estas “severas irregularidades” cometidas por las demandas debían ser puestas en conocimiento de la Justicia penal ante la posible existencia de delitos.
En la sentencia, el vocal Salomón expresó que “la Ley de Contrato de Trabajo establece requisitos específicos a los recibos de pago en cuanto los vincula con la totalidad de la documentación laboral, previsional y tributaria del pagador”.
Como consecuencia, sostuvo que un empleador que presenta un recibo no podrá liberarse de las acreencias que adeuda, si no logra comprobar y contrastar su pago (sea con depósitos bancarios, sea con asientos en los libros contables, sea con valores a la orden, entre otras opciones).
Durante el juicio, las empleadoras ofrecieron como prueba recibos de pago con los cuales afirmaron que habían abonado la liquidación final y la totalidad de las indemnizaciones derivadas del despido del trabajador.
Si bien los informes de las pericias caligráficas (tanto la oficial y como la pericia de parte) determinaron que las firmas insertas pertenecían al empleado, pusieron en duda su “integralidad”.
A partir de tales constancias, el magistrado tuvo por acreditado que los recibos objetados por el trabajador habían sido escritos, rayados o presentados de manera previa con otros contenidos.
Ante esta situación, consideró por demás suficiente desechar el peso probatorio pretendido por las demandadas.
Ante la gravedad del hecho, el camarista Salomón decidió poner en conocimiento de la Justicia penal la resolución del caso.
En este sentido, expresó: “Corresponde al suscripto -en su condición de funcionario público y bajo la responsabilidad que la misma acarrea- no esquivar las severas irregularidades que habrían sido cometidas por la demandada, en especial en la persona de su representante legal, al presentar fraudulentamente documentación laboral improcedente y maliciosamente tergiversada, lo que a priori encuadraría en diferentes actuares que configurarían contravenciones penales”.
La causa está caratulada como “Castellano, Darío Omar c/ Escurra Hnos. S.R.L. y otros – Ordinario-Despido”.
