La Cámara de Apelaciones no dio lugar al pedido de falta de mérito y procesó a villamarienses por una importante causa de lavado de dinero y asociación ilícita.
La Sala B de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Federales de Córdoba revocó la falta de mérito de varios imputados en la causa de intermediación financiera y asociación ilícita.
Para recordar: en 2018, la fiscal federal María Marta Schianni imputó a 14 empresarios y contadores de la ciudad por evasión fiscal y asociación ilícita.
Entre ellos están el exconcejal juecista, Delfín Polack, Fernando Ateca, Jorge Sufe, Richard Grenat, Cristina Ateca, Hernán Mignola, María Eugenia Tabares, Marcela Della Rossa como coautores.
Se suman Carlos Giovanardi y Miguel Alberto Álvarez como participes necesarios de presunto lavado de activo de origen delictivo.
Schianni los imputó, pero el juez Roque Rebak determinó falta de mérito para algunos de los imputados.
Esta medida, de acuerdo a lo que pudo conocer La Voz, fue revocada por la Cámara de Apelaciones y quedó firme el procesamiento a los implicados.
Esto fue porque la fiscal apeló la decisión del juez, por lo que el caso llegó a la Cámara mencionada.
La causa contra los villamarienses
Todo empezó cuando se investigó a la Asociación Mutual Productores de Servicios Generales (AMPSG) que tenía sedes en Villa María y James Craik.
Desde la Unidad de Información Financiera (UIF) sospechaban de la actividad de “cueva financiera” tras reportes de bancos sobre depósitos de gran cantidad.
Se supone que quienes integraban la Asociación utilizaban el mutualismo para obtener beneficios impositivos.
Con las operatorias, desvirtuaban la significación social de la entidad, explica La Voz.
AMPSG era liderada, según la investigación por Ateca y Sufe. Desde la entidad otorgaban préstamos personales y descuentos de cheques.
Además la asociación habría realizado ofrecimientos de cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo simulados, entre otros.
Con los fondos se sospechan operaban en compra y venta de divisisas, de títulos valores, inversiones en el mercado de valores por medio de agentes, sin autorizaciones oficiales.
Lo que se investiga es que otros empleados utilizaban una doble contabilidad y rompían mutuos y documentos similares para evitar ser descubiertos.
En los allanamientos dispuestos por la justicia federal, secuestraron equipos informáticos y más de $23 millones de pesos y $159 mil dólares.
