Cuestionan alquiler de La Cava del Botta por casi $200 millones

El concejal Manuel Sosa, del bloque Uniendo Villa María, rechazó el convenio aprobado por el oficialismo que compromete cerca de 200 millones de pesos —unos 150 mil dólares— para renovar el alquiler de La Cava del Botta, un terreno donde, según el edil, no se ejecutó ninguna obra en más de seis años.

El acuerdo también reconoce una deuda municipal de aproximadamente 82 millones de pesos.

“Hoy no se votó una obra. Hoy el oficialismo aprobó un alquiler millonario y reconoció una deuda cuya procedencia nunca fue debidamente acreditada”, afirmó Sosa durante la sesión del Concejo Deliberante.

Documentación incompleta

El concejal cuestionó que el expediente llegara al recinto sin la documentación que el propio Ejecutivo había prometido incorporar.

Según relató, en comisión se había asegurado que antes de la sesión se remitiría la información que acreditaba el derecho invocado por el locador, algo que finalmente no ocurrió.

El contrato original, finalizado en noviembre de 2019, fijaba un alquiler mensual de 46 mil pesos, valor que luego se elevó a 90 mil mediante una adenda.

Sosa remarcó que nunca se presentó una tasación, un estudio de mercado ni un informe técnico que justificara ese incremento.

Recién en la sesión, un concejal oficialista mencionó un informe inmobiliario que, sin embargo, jamás se incorporó formalmente al expediente.

Sin obra visible en seis años

El edil también puso en duda el uso real del predio durante todo ese tiempo.

“No hubo movimiento de suelo, no hubo infraestructura, no hubo maquinaria y no hubo ninguna intervención visible”, sostuvo. Agregó que, pese a los años transcurridos, el Municipio terminó alquilando una superficie menor a la contratada originalmente, sin cronograma, presupuesto ni fecha de inicio para la obra hidráulica que se invoca como justificación del convenio.

Deuda con “inconsistencias”

Sobre el reconocimiento de deuda, Sosa señaló que el Municipio aplicó índices de actualización correspondientes a períodos posteriores para calcular un pasivo anterior, lo que derivó en una distorsión: el valor de alquiler reconocido para la deuda terminó siendo más alto que el que la propia Municipalidad acordó pagar de ahora en más.

El concejal cerró su exposición cuestionando un doble estándar en la gestión municipal.

“Cuando un vecino se atrasa en el pago de una tasa, el Municipio aplica intereses, recargos e inicia ejecuciones. Pero en este expediente modifica discrecionalmente el valor del alquiler […] Esa generosidad nunca sale del bolsillo de los funcionarios; siempre la terminan pagando los vecinos”, afirmó.

Sosa remarcó que su bloque votó en contra “porque no vamos a acompañar decisiones que comprometan recursos de todos los villamarienses sin la información, la transparencia y el respaldo documental que una operación de estas características exige”.