El juicio por el homicidio de Darío Unzueta (41 años), ocurrido el 27 de mayo de 2024 en barrio Felipe Botta, tuvo su debate en los tribunales de Villa María, y la definición quedó para el lunes 22 de septiembre, con pedidos que van de absolución a prisión perpetua.
En esta causa llegó a juicio como único acusado Benjamín Walter Cativelli (20 años), alias “El Perro”, por el delito de homicidio agravado por el uso de armas de fuego.
La sentencia para Cativelli
Tras escuchar a los cinco testigos y los alegatos de las partes, la jueza Edith Lezama de Pereyra, dictaminó que el lunes dará a conocer el veredicto para el acusado.
El juicio estuvo marcado por cierta tensión por la numerosa presencia de familiares de ambas partes.
Una larga jornada
En inicio del juicio, por la mañana de este jueves 18 de septiembre, se dispuso asegurarse que nadie ingresara con elementos que pudieran resultar de riesgo.
El debate se extendió hasta horas de la tarde, luego de varios cuarto intermedio, y con el paso de varios testigos, principalmente familiares y conocidos, tanto de la víctima como del acusado.
El caso y el juicio
Según la investigación, aquella madrugada a las 2:00 horas, Cativelli llegó en una camioneta Toyota hasta la vivienda de Unzueta.
Portaba un revólver calibre 38.
Tras golpear la ventana, se generó una discusión presuntamente vinculada a la venta de drogas.
El acusado disparó primero al aire. La víctima tomó una piedra de la calle y le respondió: “Acá no vas a venir a tirar tiros”.
Los hechos de la madrugada
De acuerdo a la acusación, Cativelli avanzó con su vehículo unos metros, luego regresó, abrió la puerta del conductor y efectuó entre cuatro y cinco disparos contra Unzueta. Dos de ellos impactaron: uno en el brazo y otro en el torso, que resultó mortal.
Cativelli no estuvo presente físicamente en la sala de audiencias, sino que siguió y participó del juicio por videoconferencia, desde la cárcel.
En su declaración sobre el hecho, dijo:
“Fui a comprar droga. Me vendió menos de lo acordado. Nunca lo quise matar. Tuve miedo. Disparé para poder salir”.
El imputado reconoció su adicción a la cocaína y afirmó que consumía diariamente, aunque actualmente participa de actividades religiosas en prisión como forma de tratamiento.
Testimonios de familiares
La primera testigo fue Gloria Lucía Heredia, viuda de la víctima, quien aseguró, con dificultad para expresarse, que conocía al acusado, al que refirió como “asesino”, y que su marido no tenía armas.
“Mi esposo esa madrugada jugaba a las cartas y tomaba café. Él trabajaba como vendedor ambulante de trapos de piso”, relató.
Luego declaró Daiana Carolina Unzueta, hija de la víctima:
“Cativelli fue a buscar quilombo a mi papá. No sé qué relación había entre ellos, pero vino y me lo mató frente a mi casa”.
El hijo de la víctima, Lucas Unzueta, indicó que Cativelli estaba acompañado por dos personas apodadas “El Tuca” y “El Oreja”.
Aseguró que recibió un llamado de una tercera persona advirtiendo que iban a atacar a su padre. Rechazó además las versiones sobre vínculos de su padre con el narcotráfico.
Otros aportes y contradicciones
En la audiencia se incorporó la declaración testimonial de Eduardo César Ferreyra, yerno de la víctima, quien tiempo después fue asesinado en un hecho aparte.
En este sentido, vale aquí recordar que quien está acusado como supuesto homicida de Ferreyra es Lucas Unzueta, testigo de este juicio, quien habría cometido el hecho, según los familiares de Ferreyra, cuando era menor edad, y por ello permanece en libertad.
En su testimonio durante la instrucción, Ferreyra sostuvo que Unzueta vendía drogas, lo que habría originado el conflicto con Cativelli.
Esto fue incorporado por lectura.
Otro testigo, Joel Pedrozo, afirmó conocer a ambos y señaló que mantenían una rivalidad porque “los dos vendían droga”.
Dijo también no recordar mucho de aquella noche debido a que tiempo después recibió “un disparo en la cabeza” que la hizo “perder la memoria”.
El padre del acusado, José Walter Cativelli, también declaró. Relató que su hijo le envió un mensaje tras el hecho: “Me mandé una papi, perdón”, y mencionó indicios de consumo problemático de drogas.
Narró cómo fue que lo encontraron junto con la Policía luego del crimen, en un campo de su propiedad.
El detalle de los alegatos
El acusado, nacido el 29 de septiembre de 2004, contó con la defensa del abogado Alfonso José Martín.
El abogado Alfonso Martín, previo a su alegato, cuestionó a su colega, la querellante Perassi.
En cuanto al alegato, el defensor de Cativelli, sumó gráficos e imágenes para ilustrar el entorno en el que ocurrió el hecho.
Mostró un procedimiento policial en el que los uniformados fueron atacados con piedras y golpes por la familia de la víctima.
Citó distintos hechos desde la madrugada del crimen hasta octubre del mismo año, con dos homicidios.
Insistió en que su defendido no fue a matar a Unzueta. Adelantó que actuó esa noche en legítima defensa y pidió, en ese sentido, su absolución.
Luego hizo otros pedidos, en caso de no acceder a esa definición, para que se considere el hecho como un exceso de legítima defensa (tres a seis años de prisión), en su defecto, que sea tomado como homicidio, se aplique como máximo 10 años de prisión.
Previamente, el fiscal de Cámara Francisco Márquez consideró que el hecho está acreditado por testimonios y pruebas, y había pedido una pena de 12 años de prisión para Cativelli.
La querella estuvo representada por la Dra. Teodora Perassi y por Gloria Heredia, viuda de la víctima.
Perassi consideró importante aclarar que por más que la víctima haya tenido en su poder elementos relacionados a estupefacientes, nada justifica la conducta del homicidio.
“Es irrelevante para el hecho”, remarcó.
En su alegato, remarcó que hubo una planificación y premeditación de parte de Cativelli para cometer el crimen.
Pidió también que se investigue a las dos personas que acompañaban a Cativelli esa noche, de apellido Montenegro.
Al realizar su pedido de condena, reclamó un cambio de calificación del hecho, y que en lugar de agravado por el uso de arma de fuego, sea considerado “homicidio agravado por alevosía y premeditación”, pidiendo la “pena máxima” para el acusado: prisión perpetua.
En caso de no acceder la jueza a este perdido, requirió que se aplique una condena de 25 años, el máximo de la escala para el homicidio agravado por uso de arma de fuego.
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