La Cámara del Crimen de Villa María condenó el miércoles 27 de mayo a Alejandro Manuel Priarollo a la pena de cuatro años de prisión efectiva.
El tribunal declaró al imputado autor penalmente responsable de los delitos de comercialización de estupefacientes y robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa.
El hombre condenado tiene 30 años de edad, es oriundo de la ciudad de Villa María y trabajaba como técnico de teléfonos celulares y de computadoras.
La sentencia judicial contra el vecino local se dictó bajo la modalidad de un juicio abreviado realizado en la sede tribunalicia de la mencionada localidad cordobesa.
La resolución de los magistrados impuso también la obligatoriedad de abonar una multa económica establecida en la cantidad de 45 unidades fijas.
El fallo de la justicia local dispuso además el decomiso de los estupefacientes secuestrados, de un teléfono celular y del dinero en efectivo.
Los delitos cometidos por el técnico villamariense ocurrieron en dos períodos temporales diferentes dentro del ejido urbano de la ciudad de Villa María.
Las actuaciones de las fuerzas de seguridad relacionadas con el comercio de sustancias prohibidas y estupefacientes se registraron en el año 2017.
El segundo hecho delictivo que se le atribuyó a Priarollo aconteció durante el transcurso del año 2024 en el sector del Barrio Ameghino.
El imputado intentó cometer un asalto civil sobre la calle López y Planes, acción tipificada penalmente como robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa.
La sentencia dictada por las autoridades del poder judicial incluyó una orden para que el condenado reciba asistencia médica especializada de forma obligatoria.
Alejandro Manuel Priarollo deberá realizar un tratamiento psicológico específico debido a su situación de consumo adictivo diagnosticada durante el proceso de la causa.
Los fundamentos del juicio abreviado
La secretaría del tribunal confirmó que los elementos incautados durante los operativos policiales correspondientes a las causas acumuladas permanecerán bajo custodia del estado provincial.
El dinero en efectivo y el dispositivo de comunicación tecnológica secuestrados forman parte del material decomisado de manera definitiva por la justicia.
El cumplimiento de la pena de privación de la libertad se hará efectivo en el establecimiento penitenciario correspondiente determinado por los jueces de ejecución.
El proceso finalizó de manera formal luego de que las partes involucradas ratificaran el acuerdo alcanzado en la audiencia presencial del pasado miércoles.
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