El ejecutivo pidió modificar la Tarifaria y hubo polémica en el Concejo

El Concejo Deliberante de Villa María aprobó en primera lectura una modificación a la Ordenanza Tarifaria 2025. La iniciativa fue enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal e incluye cambios vinculados a nuevas normativas sancionadas este año, además de actualizaciones en rubros ya existentes. El proyecto recibió el respaldo del bloque oficialista y fue acompañado parcialmente por Juntos por Villa María, mientras que Manuel Sosa, de Uniendo Villa María, votó en contra.

La presidenta del bloque oficialista, Yaslil Oses, explicó que la modificación “responde a diferentes solicitudes presentadas por contribuyentes”.

Ejecutivo pide modificación a Tarifaria

También, dijo, busca adecuarse a nuevas ordenanzas vigentes, como la que regula el alojamiento temporario.

“Se crea un código específico que iguala esta actividad con el rubro hotelero, generando condiciones tributarias equitativas y regulando el sector”, señaló Oses.

Con el proyecto de ordenanza, se busca modificar la unidad de cálculo para estadías de motocicletas retenidas, con el objetivo de reducir los costos para los propietarios.

La polémica vino con el pedido del Ejecutivo de establecer nuevas tarifas para la licencia de conducir física, el abono de radicaciones vehiculares y el alquiler de maquinaria municipal a privados.

En ese sentido, se introduce un cargo para quienes opten por la impresión del carnet físico, además de un nuevo trámite tarifado vinculado a la certificación de legalidad de licencias emitidas en el exterior.

“Estas actualizaciones son necesarias para que el Ejecutivo pueda aplicar correctamente las tasas y códigos según la realidad actual”, afirmó la edil.

El  concejal Manuel Sosa, de Uniendo Villa María, rechazó el proyecto y criticó todos los puntos, salvo el que respecta a alojamiento temporario.

Por su parte, el concejal Pablo Perret, de Juntos por Villa María, manifestó su apoyo en general pero cuestionó dos artículos.

Primero, el que establece un nuevo costo para el trámite de licencias físicas y el que impone el cobro anual de inscripción de vehículos.

El rechazo total de Sosa

El concejal Manuel Sosa, de Uniendo Villa María, rechazó el proyecto de modificar la Tarifaria en general y en particular.

“Podríamos estar ante una maniobra recaudatoria encubierta”, dijo sobre el aumento del certificado de legalidad de licencias, que pasó de $3.850 a $20.500.

Si bien valoró la incorporación de valores fijos para trámites antes no tarifados, respecto a alojamientos temporarios, cuestionó la falta de transparencia en otros puntos.

Sosa criticó además el aumento del valor del alquiler de maquinaria municipal, denunciando que “no se sabe cuántas máquinas tiene el municipio ni en qué estado están”.

Consideró que esto responde a una “lógica de gestión empresarial alejada de las prioridades de los vecinos”.

Y añadió: “Mientras los barrios esperan por el arreglo de calles, discutimos aumentos y vemos funcionarios en vehículos cero kilómetro”.

Finalmente, el edil también objetó que el proyecto haya sido incorporado sobre tablas.

“Necesitamos tiempos prudenciales para tratar este tipo de ordenanzas, más aún cuando impactan directamente en el bolsillo del vecino”, expresó.

Licencias de conducir

El proyecto busca establecer nuevas tarifas para quienes requieran la certificación de validez de licencias extranjeras o el duplicado en formato físico.

En ese sentido, Perret expresó preocupación por “aplicar un incremento del 60% en el carnet físico, apenas cinco meses después de haber actualizado los valores”, sostuvo.

El edil agregó que esto podría afectar especialmente a los adultos mayores.

“El Concejo había aprobado una ordenanza para extender la vigencia del carnet a mayores de 70 años, pero no se está aplicando. Ellos hoy son los más perjudicados”, denunció.

En cuanto al cobro por erradicación de vehículos, Perret lo consideró “injusto e inoportuno”, ya que obliga al pago anual completo.

Esto último, aunque el vehículo se adquiera en los últimos meses del año.

“Nos hace perder competitividad con municipios vecinos que ya no utilizan esta modalidad”, señaló.

El proyecto continuará su tratamiento en comisiones y se prevé una audiencia pública antes de su aprobación definitiva en segunda lectura.


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