Néstor y Andrea vinieron a Villa Nueva para hablar sobre la Ley Micaela, la que lleva el nombre de su hija, violada y asesinada en Entre Ríos, para tratar de seguir generando cambios en las conductas y actitudes de violencia hacia las mujeres.
Son los padres de Micaela García, joven víctima de femicidio en 2017, quien fue violada y asesinada en Gualeguay por Sebastián Wagner.
El hombre con antecedentes que se encontraba en libertad condicional, por un beneficio concedido por la Justicia provincial de Entre Ríos.
Fue este tremendo episodio el que dio impulso a la ley 27.499, también llamada Ley Micaela.
La legislación persigue un cambio rotundo en los comportamientos y decisiones de estamentos del Estado en todos sus niveles para incorpora la perspectiva de género en acciones concretas.
Durante la mañana de este martes 17, protagonizaron una capacitación en el Centro Integral Comunitario de barrio Los Olmos de Villa Nueva.
La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección Mujeres, Género y Diversidad.
Romper con los prejuicios
Néstor “Yuyo” García y Andrea Lescano hablaron con la prensa local antes de comenzar la actividad.
“Es un taller de sensibilizacion con actividades dinámicas para que quienes asistan, puedan interpelarse sobre cómo llevan en su día a día las conceptualizaciones sobre violencia e identidad de género”, explicó Andrea.
“Hay que romper prejuicios, reflexionar sobre lo que hacemos”, remarcó.
El taller se basa en dinámicas de la educación popular, en el que se comparten vivencias, se reflexiona y se participa.
La Ley Micaela se sancionó en 2018 y fue promulgada en 2019.
“Arrancó bastante lenta, pero vemos que año a año las cuestiones van mejorando”, reflexionó Néstor.
“Se entiende desde lo conceptual, pero la verdad que no hay muchas personas capacitadas pedagógicamente en la educación popular”.
“En la ley Micaela vemos que se abusa de exponer teoría, con poca participación de la gente que asiste. Por eso en estos talleres hacemos lo que creemos que se debe implementar”, agregó el padre.
Sobre estos talleres, como el que brindaron en Villa Nueva, Néstor explicó que la pretención es que las personas que participan “se vayan al menos con algunas dudas respecto a su comportamiento previo”.
“Sabemos que las horas que dura el taller no alcanzan, pero con que se vayan pensando que tal vez algunas de las cosas que hicieron en su vida no estuvieron buenas, eso ya es un logro”, comentaron.
Por otro lado, vio como positivo que “muchos presupuestos municipales incoroporan items para destinarlos a la prevención de la violencia de género, y a la Ley Micaela en particular”.
La deuda de la Justicia con la Ley Micaela
Sobre la implementación de la ley en el ámbito judicial, que fue justamente donde se produjo el beneficio que dejó en libertad al asesino de Micaela, el matrimonio dio un dato llamativo:
Contaron que hicieron una consulta a las autoridades judiciales de cada provincia para saber cómo venía la implementación de ley.
“Nos dimos cuenta que un 59% de maximas autoridades de poderes judiciales de distintas provincias no respondieron o lo hicieron parcialmente, con una respuesta mínima, o contestando algo distinto a lo que le preguntábamos”, revelaron.
Tuvieron que hacer repedidos, notificaciones y, a pesar de todo ello, hubo provincias que no respondieron, dijeron, por lo que fue muy difícil hacer la sistematización de datos por cómo respondieron.
“Se notó disparidad en la implementación de la Ley Micaela”, fue una de las conclusiones.
