- La Legislatura de Córdoba trata un proyecto de Ley para reformar el artículo 286 del Código Procesal Penal.
- Propone el uso de dispositivos de monitoreo electrónico y medidas alternativas a la prisión preventiva.
- Además, creará el Sistema Interdisciplinario de Gestión de Medidas Alternativas (SIGMA) para supervisar detenciones cautelares y priorizará la inclusión de sectores vulnerables.
La vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba, Nadia Fernández, junto a las legisladoras Alejandra Ferrero y Karina Bruno, presentó un proyecto de Ley para modificar el artículo 286 del Código Procesal Penal provincial (Ley 8123). La propuesta busca introducir cambios en las detenciones cautelares y establecer el Sistema Interdisciplinario de Gestión de Medidas Alternativas (SIGMA), un organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal.
El SIGMA tendrá como objetivo implementar un plan estratégico para controlar, supervisar y asegurar el cumplimiento de las condiciones impuestas a las detenciones cautelares.
Además, se coordinarán programas de asistencia y resocialización mediante herramientas tecnológicas, como dispositivos electrónicos de monitoreo, que permitirán un seguimiento en tiempo real de las medidas.
Objetivos de la reforma
El proyecto plantea limitar la prisión preventiva a situaciones estrictamente necesarias, priorizando medidas alternativas como la detención domiciliaria.
Según Fernández, esta reforma “modernizará el sistema penal, optimizará recursos económicos y humanos, y garantizará un control eficiente en tiempo real”.
La iniciativa contempla, además, la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, como mayores de 70 años, personas con discapacidades, enfermedades graves, y mujeres embarazadas o con responsabilidades de cuidado.
Control y sanciones
En caso de incumplimiento de las medidas impuestas, el imputado deberá cumplir prisión preventiva en un establecimiento carcelario.
Los dispositivos electrónicos, cuyo costo será asumido por los imputados que puedan pagarlos, serán subsidiados para quienes acrediten imposibilidad de afrontarlo.
Fernández destacó que “la detención cautelar con monitoreo electrónico es significativamente más económica que la prisión preventiva”, lo que permitirá redirigir recursos a otras áreas del sistema penal.
Participación de las víctimas
El proyecto también fortalece los derechos de las víctimas, quienes tendrán derecho a ser escuchadas y argumentar respecto a la concesión o no de las medidas cautelares.
Esta participación busca reforzar la transparencia y previsibilidad en el proceso penal.
Impacto en el sistema penitenciario
La reforma pretende aliviar la sobrepoblación carcelaria y mejorar las condiciones de los establecimientos penitenciarios.
Además, fomenta la formación laboral, la educación y el tratamiento psicológico para los imputados, contribuyendo a su reintegración social.
El proyecto se encuentra en etapa de análisis legislativo y será clave para modernizar el sistema procesal penal de Córdoba, alineándolo con estándares actuales de derechos humanos y eficiencia judicial.
