En una resolución judicial con un fuerte impacto en el ámbito político de la ciudad, el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Penal Juvenil de Villa María, bajo la firma de la jueza Nerina Gamero dictó el 6 de octubre de 2026 una serie de medidas cautelares urgentes en el marco de una demanda por violencia de género que involucra al tribuno de cuentas de la oposición Maximiliano Andrés Romero y a la concejala oficialista de Hacemos Unidos por Villa María Patricia Dolores Heredia.
La disposición judicial se encuadra dentro de la Ley Provincial de Violencia Familiar Nº 10.401 y responde a los hechos denunciados y analizados en una audiencia previa, considerando que existe “mérito suficiente” para resguardar la integridad de los afectados de manera inmediata.
El oficialismo contra Romero: “Así se nos trata de callar”
Este fallo judicial es la derivación directa de una caliente sesión en el Concejo Deliberante, donde el bloque oficialista cerró filas en una defensa tajante de Patricia Heredia y lanzó durísimas acusaciones contra el tribuno opositor Maximiliano Romero (Uniendo Villa María), tras un comentario que este realizó en las redes sociales del esposo de la edila.
A mediados de septiembre de 2026, la concejal Patricia Heredia formalizó un pedido de licencia por tres meses sin goce de haberes, denunciando que las confrontaciones habían cruzado una línea límite, adentrándose en su vida personal, matrimonial e íntima.
Las hostilidades estallaron cuando Maximiliano Romero (tribuno de cuentas por Uniendo Villa María que es el espacio de la oposición) comentó una publicación en redes sociales del esposo de la concejal con insinuaciones relativas a su fidelidad matrimonial, en lo que el oficialismo calificó como un claro caso de “violencia política de género” destinado a “disciplinar y callar”.
El oficialismo consideró que las agresiones virtuales contra la intimidad de la legisladora constituyeron una inadmisible maniobra de violencia política y de género.
En el recinto, la concejala oficialista Celeste Curetti fue de las más categóricas al advertir el verdadero trasfondo de la agresión:
“Entender que una agresión, un desprestigio a la vida personal de una mujer no es parte, es violencia. Es violencia política de género, porque así se nos trata de disciplinar, así se nos trata de callar”, sentenció, rechazando cualquier intento de naturalizar el hostigamiento.
En sintonía, su compañera de bancada, Silvina Irusta, fustigó los métodos discursivos de la oposición villamariense, asegurando que “como no hay capacidad argumentativa, que es justamente el pilar del sistema democrático, lo que resulta es la chicana, la constante chicana política, que en este caso se manifestó en las redes, pero sucede también acá en el recinto”.
Por su parte, la jefa del bloque oficialista, Yaslil Osés, apuntó directamente contra la respuesta del concejal Manuel Sosa, quien en privado se habría desligado del asunto calificándolo como “cosas de la política”:
“Saber lo que había sucedido y tan livianamente responder ‘son cosas de la política’. Para mí no son cosas de la política, para mí son cosas de la vida privada que no tienen nada que ver con la política”, fustigó Osés, exigiendo una autocrítica profunda al espacio opositor.
La propia afectada, Patricia Heredia, antes de que se aprobara por unanimidad su licencia de tres meses sin goce de haberes, cerró el debate interpelando el futuro de sus detractores:
“Yo pregunto, ¿personas así pueden ser candidatos a intendente? ¿Personas así nos pueden en algún momento mandar? Si vamos a ser candidato a intendente ensuciando a las personas, cayendo bajo y después disculpándose que esto es política… chicos, esto no es política”.
La réplica de Sosa
El concejal opositor Manuel Sosa (referente del mismo espacio que Romero) intentó desmarcarse pidiendo disculpas en el recinto:
“Si en algo se ha sentido ofendida, le pido disculpas”, expresó, reconociendo que los desacuerdos políticos no justificaban daños personales.
Sin embargo, días después, Sosa tildó todo de “una operación política del oficialismo para instalar un relato falso”, lo que provocó que el bloque de Hacemos Unidos por Villa María, liderado por Yaslil Osés, saliera al cruce exigiendo “responsabilidad y coherencia” cuando se trata de mujeres que participan en política.
Por su parte, la oposición se defendió de las acusaciones afirmando que también han padecido ataques coordinados y sistemáticos de trolls oficialistas en sus canales de comunicación.
Restricción de acercamiento y “contacto cero” en redes sociales
La resolución judicial impone, por un plazo inicial de dos meses, una prohibición absoluta y recíproca de acercamiento y comunicación.
Romero tiene prohibido aproximarse al domicilio, lugar de trabajo, estudio o esparcimiento que frecuente Patricia Dolores Heredia.
La medida no se limita al espacio físico: la jueza fue categórica al prohibir todo tipo de comunicación (verbal, telefónica, personal o por terceras personas), extendiendo de manera explícita la veda a los entornos digitales. Romero no podrá publicar en redes sociales (como Facebook, WhatsApp, X/Twitter, Instagram o TikTok) fotos, videos ni ninguna información o dato vinculado a Heredia.
De no cumplirse esta orden, los infractores podrían incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad, tipificado en el artículo 239 del Código Penal.
Las autoridades aclararon que si al cabo de los 60 días no se registran nuevas denuncias, el expediente podría archivarse.
La defensa de la oposición, canalizada por el concejal Manuel Sosa (quien también fue blanco de cuestionamientos y denunció una supuesta “operación del oficialismo para instalar un relato falso”), se desligó de las agresiones y apuntó contra el uso de supuestas cuentas falsas o trolls en sus canales.
Sin embargo, para la Justicia el riesgo ameritó un límite inmediato: Romero deberá asistir obligatoriamente al Centro Integral de Varones y Heredia fue derivada al Polo Integral de la Mujer, debiendo ambos acreditar sus tratamientos ante el juzgado.
Detalle llamativo
El documento judicial, sin embargo, dejó expuesto un detalle secundario pero llamativo: la orden de la jueza Gamero para notificar a Patricia Heredia tuvo que ser dirigida a la Comisaría de Villa Nueva, para que los efectivos se constituyeran en un domicilio de la calle Marcos Juárez al 150 de esa localidad vecina.
El hecho de que una concejal en funciones, que legisla y representa a los ciudadanos de Villa María, registre su domicilio particular y residencia efectiva en la vecina ciudad de Villa Nueva, despertó comentarios y suspicacias en los pasillos políticos.
