La Fiscalía de Instrucción de Río Segundo ordenó la imputación y detención de dos peritos oficiales por el presunto delito de exacciones ilegales agravadas.
Las acusadas son una psicóloga y una asistente social que integraban el equipo técnico judicial.
La causa se inició tras la denuncia presentada por un abogado ante la sede fiscal.
Imputación por exacciones ilegales agravadas
Según la investigación, las profesionales habrían exigido la suma de 2.700.000 pesos para confeccionar un dictamen favorable a un imputado en una causa judicial.
La conducta fue encuadrada en los artículos 266 y 267 del Código Penal, que tipifican el delito de exacciones ilegales agravadas cuando intervienen funcionarios públicos.
De acuerdo con la denuncia, el pedido de dinero habría sido realizado en el marco de su función como peritos oficiales del equipo técnico de Río Segundo.
Operativo y detención en estación de servicio
Tras la presentación formal, la Fiscalía articuló tareas investigativas junto a la Dirección de Investigación Operativa (DIO), logrando reunir pruebas consideradas relevantes.
En horas de la tarde, se concretó un operativo en una estación de servicio, donde ambas mujeres fueron aprehendidas tras recibir la suma de dinero previamente exigida.
Durante el procedimiento, se secuestraron los teléfonos celulares de las imputadas para su posterior análisis. Los dispositivos serán peritados en el marco de la causa.
Posteriormente, y cumplidos los trámites procesales de rigor, se dispuso el traslado de las detenidas al establecimiento penitenciario correspondiente.
La investigación continúa en Río Segundo
La causa permanece en etapa investigativa y no se descarta la ampliación de la imputación en función de las pruebas recolectadas.
Desde la Fiscalía señalaron que el avance del expediente dependerá del análisis de la evidencia digital y otros elementos incorporados al proceso.
El delito de exacciones ilegales contempla penas de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, especialmente cuando se agrava por la condición de funcionario.
El caso generó fuerte repercusión en el ámbito judicial de Río Segundo, dado que involucra a integrantes del equipo técnico que intervenían como auxiliares de la Justicia.
Las autoridades remarcaron que la investigación continúa abierta y que se garantizará el debido proceso conforme a la legislación vigente.
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