La investigación judicial que se le sigue al exbombero de La Playosa, Rodrigo “Loli” Santi, ingresó en una etapa clave.
Eso se debe a que la fiscal de Instrucción de Segundo Turno de Villa María, Juliana Companys, dio por concluida la investigación y solicitó la elevación a juicio de la causa por presuntos delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
La medida representa un avance significativo en un expediente que generó fuerte repercusión en la región.
➡️ Detienen a bombero de La Playosa por grooming y abuso sexual agravado.
Según el requerimiento fiscal, existen elementos probatorios suficientes para que el acusado sea juzgado en un debate oral y público.
Santi se encuentra detenido desde hace aproximadamente 20 meses y enfrenta acusaciones vinculadas a hechos que habrían ocurrido cuando se desempeñaba como instructor de aspirantes en el cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Playosa.
El caso del bombero que reconoció abusos contra menores: lo que pasó y lo que sigue
Los delitos por los que podría ser juzgado Rodrigo Santi
De acuerdo con el requerimiento presentado por la fiscalía, el exbombero debería responder por diversos delitos de índole sexual.
Entre ellos figuran tres hechos de abuso sexual simple, corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil y abuso sexual gravemente ultrajante.
La acusación sostiene que las pruebas reunidas durante la instrucción permiten avanzar hacia la etapa de juicio.
Ahora será la Justicia la encargada de determinar si el expediente cumple con todos los requisitos procesales para llegar a debate.
La querella cuestiona una modificación en la acusación
Pese al avance de la causa, familiares de las víctimas manifestaron su desacuerdo con uno de los cambios incorporados durante la investigación.
El cuestionamiento apunta a la recalificación de uno de los hechos más graves.
Según trascendió, una acusación que inicialmente había sido considerada como abuso sexual con acceso carnal pasó a ser encuadrada como abuso sexual gravemente ultrajante.
Para la querella, esta modificación podría representar un beneficio parcial para el acusado.
Por ese motivo, el abogado querellante José Tomás Corigliano analiza presentar una apelación contra el requerimiento de citación a juicio.
En caso de prosperar ese planteo, la escala penal que enfrentaría Santi podría incrementarse.
De lo contrario, las penas previstas oscilarían entre cinco años y cuatro meses y trece años y cuatro meses de prisión, dependiendo de la calificación definitiva.
Una causa marcada por distintas controversias
El expediente tuvo varios episodios que generaron repercusión pública desde el inicio de la investigación.
Durante una primera etapa, Rodrigo Santi había reconocido los hechos que se le atribuían, situación que encaminaba el proceso hacia un juicio abreviado.
Sin embargo, posteriormente cambió su estrategia de defensa y dejó sin efecto aquella admisión, por lo que la causa continuó por la vía ordinaria.
La investigación sostiene que el imputado habría aprovechado su rol como instructor dentro del cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Playosa para establecer vínculos con adolescentes de entre 13 y 17 años.
Según la acusación, esa posición de confianza habría sido utilizada para cometer los abusos denunciados por las víctimas.
El origen de la denuncia y la prisión domiciliaria revocada
La causa comenzó a tomar forma cuando una de las presuntas víctimas relató los hechos a su madre.
A partir de esa denuncia inicial, la Justicia avanzó con la investigación y posteriormente surgieron otros testimonios que ampliaron el alcance del expediente.
Otro de los momentos más controvertidos ocurrió en diciembre de 2025, cuando la Justicia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.
No obstante, esa medida fue revocada pocos días después al comprobarse que el acusado habría incumplido las condiciones impuestas para mantener ese régimen de detención.
Entre las irregularidades detectadas figuraban la presencia de un teléfono celular y un módem de internet en el domicilio donde cumplía el arresto.
A ello se sumó el cambio de abogado defensor, que también generó repercusiones debido a que uno de los letrados designados había trabajado previamente en la fiscalía que investigaba el caso.
El Juzgado de Control deberá definir si hay juicio oral
Con la instrucción concluida y el pedido de elevación a juicio formalizado, la causa ingresa ahora en una nueva instancia procesal.
Será el Juzgado de Control de Villa María, a cargo de María Soledad Dottori, el organismo encargado de analizar el requerimiento presentado por la fiscalía y resolver si el expediente avanza hacia el juicio oral.
Mientras se resuelven los posibles recursos de las partes, Rodrigo “Loli” Santi continúa privado de su libertad.
► Sumate al canal de Villa María VIVO! en WhatsApp para recibir todas las noticias ► https://whatsapp.com/channel/0029VavtLQL2ZjCw5Lpjz50H
