Un operativo policial por amenaza de tiroteo en un colegio de Villa Nueva se convirtió en uno de los cinco más costosos de toda la provincia, con un gasto estimado de $28.852.893,23.
El caso, originado en una amenaza difundida a través de redes sociales, demandó el despliegue de Unidades Especiales, 150 horas del área de Investigaciones y el uso de armas largas.
Ahora, el Gobierno de Córdoba avanza para cobrarle esa factura a los responsables.
La noticia tiene impacto directo en la región: el caso forma parte de un relevamiento provincial sobre 36 operativos por amenazas en escuelas cuyos autores ya fueron identificados, con un costo total que supera los $476 millones.
En Villa María y Ticino se registraron incidentes relacionados a 8 establecimientos escolares.
Villa Nueva, entre los cinco operativos más caros de la provincia
El caso de Villa Nueva se destaca dentro del relevamiento policial no por ser el más voluminoso en cantidad de personal, sino por la especialización de los recursos movilizados.
El factor determinante fue el uso de Unidades Especiales combinado con un intenso trabajo del área de Investigaciones, que acumuló 150 horas de personal específico, más el despliegue de armas largas.
A modo de comparación, el operativo más costoso de todos se registró en una escuela de Villa del Totoral, con un gasto de $72.749.555,32, explicado por el volumen de personal: 480 horas de agentes Clase A, 120 de jefes y 160 de patrullaje móvil.
Le sigue un colegio de Jesús María ($35.234.071,48), donde la alta participación de mandos superiores —171 horas de jefes— fue la variable más cara.
Dos casos en Cosquín completaron el grupo, con costos de $29.709.980,98 cada uno, por el uso del equipo de Explosivos y personal especializado.
Villa Nueva cerró ese grupo de los cinco más costosos, en un universo de 26 casos registrados en Capital y 10 distribuidos entre las departamentales Norte y Sur.
Qué desencadena un operativo como el de Villa Nueva
Cuando una amenaza ingresa al 911, un primer filtro del operador determina si amerita movilización.
De las más de 100 denuncias recibidas en las últimas dos semanas en toda la provincia, unas 80 derivaron en operativos efectivos.
En aproximadamente 40 casos se logró identificar al autor.
Por protocolo, cada incidente en una institución educativa activa una cadena fija de intervenciones.
El patrullaje preventivo cubre tanto el día del hecho como la fecha señalada como “día del posible atentado”, y puede extenderse uno, dos días o, en casos extremos, una semana completa.
La participación de jefes de distrito o zona es obligatoria por reglamento, con un costo horario superior al del personal de base.
El área de Investigaciones intervino en al menos 30 de los 36 casos relevados.
Son quienes rastrean el origen de la amenaza, producen allanamientos y secuestran evidencias, siendo el teléfono celular del sospechoso la pieza clave.
El análisis forense del dispositivo puede demandar muchas horas de trabajo, y el costo varía según la cooperación del imputado: si el acusado se niega a desbloquear el teléfono, se utiliza el buffer o decodificador digital, un aparato que descifra patrones alfanuméricos de acceso.
Cada uso tiene costo en dólares y la Dirección de Investigaciones maneja un cupo anual por contrato.
Cuando la evaluación de riesgo lo requiere, se suman brigadas especiales —como el Departamento de Explosivos, con canes y motos— y se despliegan armas largas, tal como ocurrió en Villa Nueva y en los casos de Cosquín.
El protocolo oficial para cobrar los gastos
El Gobierno de Córdoba formalizó este lunes, mediante resolución del Ministerio de Seguridad —a cargo de Juan Pablo Quinteros— el “Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos”, publicado en el Boletín Oficial.
La medida establece el mecanismo administrativo y judicial para trasladar los costos a quienes generaron el incidente o a sus representantes legales.
El procedimiento arranca con la intervención del Ministerio Público Fiscal, encargado de identificar fehacientemente al autor y a los adultos responsables.
Luego se elabora un expediente detallado con todos los recursos utilizados, se cuantifican los gastos y se notifica formalmente a los responsables.
El plazo para pagar es de 5 días corridos desde la notificación.
Si no se cumple, el expediente pasa a la Fiscalía de Estado, que iniciará las acciones judiciales para el recupero. Ya hay cinco casos con investigación cerrada, que serán los primeros en recibir notificación de pago.
La factura será “política”: topes y criterios de cobro
El monto que efectivamente se cobre no será el total técnico calculado.
El ministro Quinteros adelantó que los valores estarán topeados entre 5 y 6 millones de pesos para los operativos más complejos, reconociendo que las cifras completas resultarían desproporcionadas para una familia.
Los costos calculados como “servicios adicionales” tampoco serán incluidos en la factura final.
El objetivo declarado no es recaudatorio sino disuasorio: que cada familia —y cada adolescente— comprenda que una amenaza falsa moviliza un aparato costoso que distrae recursos críticos de la seguridad pública.
Las autoridades también resolvieron no publicar los nombres de las escuelas involucradas, tanto para proteger a las comunidades educativas como para no otorgarle al autor la “recompensa” de la notoriedad, identificada como uno de los posibles motores de estas conductas.
A partir de esta semana, cualquier nuevo incidente en una escuela cordobesa derivará automáticamente en la apertura de un expediente de recupero de gastos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
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