El Gobierno de Córdoba implementó este miércoles 22 de abril un protocolo para cobrar los costos de operativos de seguridad a responsables de falsas amenazas en escuelas.
La medida busca recuperar fondos estatales y frenar las intimidaciones públicas en ámbitos educativos.
El Ministerio de Seguridad formalizó la normativa que obliga a los adultos responsables de los menores identificados a afrontar los gastos.
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El procedimiento administrativo y judicial se aplicará una vez que la Justicia impute a los autores de las alarmas.
Los costos reclamados incluyen el despliegue de personal policial, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación especializada.
El Estado provincial cuantificará los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención para emitir la intimación de pago correspondiente.
Recupero de recursos públicos por el costo de los operativos
El protocolo prevé que, de no concretarse el pago voluntario, la Provincia iniciará acciones judiciales contra los responsables identificados.
La medida abarca gastos en móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y el uso de recursos tecnológicos de avanzada.
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Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad, explicó que estos operativos afectan capacidades destinadas a la prevención del delito en otros puntos.
El funcionario destacó que estas conductas alteran el funcionamiento escolar y generan angustia en la comunidad docente.
“Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza se activa un importante dispositivo estatal”, enfatizó Juan Pablo Quinteros durante la presentación.
El ministro remarcó que estos costos operativos no pueden recaer sobre el conjunto de la sociedad cordobesa.
Coordinación institucional y alcance
La implementación del protocolo se realizará en conjunto con el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba.
Las áreas administrativas correspondientes participarán en la determinación de los montos exactos por cada despliegue de emergencia realizado.
El Gobierno de Córdoba ratificó una política de tolerancia cero frente a estas conductas en los establecimientos educativos provinciales.
El objetivo central es garantizar entornos escolares seguros mediante la responsabilidad económica de quienes provoquen despliegues de seguridad innecesarios.
La medida establece que toda intimidación pública o falsa alarma tendrá consecuencias penales además del resarcimiento económico solicitado por el Estado.
Las autoridades provinciales reafirmaron el compromiso de priorizar los recursos operativos para tareas de seguridad ciudadana convencional.
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