El concejal Felipe Botta, del bloque Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ordenanza para regular la actividad de limpiavidrios en la ciudad. La iniciativa surge como una respuesta directa a los reclamos ciudadanos.
“El objetivo de la Ordenanza es brindarle una oportunidad real de capacitación y/o inserción laboral a los jóvenes, y ofrecer seguridad al conductor frente a algunos hechos de inseguridad y coacción”, explicó.
Además, agregó que se busca fomentar la “competencia leal frente a quienes prestan servicios desde los lavaderos de autos”.
Limpiavidrios y preocupación de vecinos
Este proyecto busca dar una solución a la creciente preocupación de los vecinos, indicaron.
Desde el bloque agregaron que vecinos manifestaron sentirse incómodos o incluso coaccionados por el ofrecimiento forzado de estos servicios en intersecciones semaforizadas, plazas y avenidas.
En palabras del edil, es una ordenanza que “pretende dar una respuesta al reclamo creciente de una ciudadanía que se ve rehén muchas veces de una práctica informal y sin regular”.
Inclusión social y seguridad vial
El proyecto también contempla un importante aspecto de inclusión social.
Así, instruye al Departamento Ejecutivo Municipal a identificar a las personas en situación de vulnerabilidad que realizan estas actividades.
De este modo, se busca promover su inclusión en programas de asistencia social, capacitación laboral y empleo.
Asimismo, la propuesta busca garantizar la seguridad vial y el orden público. Esto se debe a que estas actividades generan interferencias en la circulación vehicular.
También, sostienen desde el bloque, limpiavidrios exponen a riesgos tanto a peatones como a conductores y a quienes ejercen la actividad.
Implementación y antecedentes
La Secretaría de Derechos Humanos y Territorio será la autoridad de aplicación de la ordenanza.
Esta, de aprobarse el proyecto, trabajará en coordinación con la Secretaría de Prevención Comunitaria, Seguridad y Convivencia Urbana.
Este proyecto cuenta con antecedentes legislativos en otras ciudades argentinas, aseguraron.
Por consiguiente, esto avala la legalidad y conveniencia de regular esta problemática, buscando equilibrar el orden público con la atención a la situación de vulnerabilidad social.
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