Piden derogar la ordenanza que habilitó el cableado aéreo de Claro

Los concejales Felipe Botta y Pablo Perret presentaron un proyecto en el cuál advierten sobre riesgos vinculados con la caída de cables, cortocircuitos y sobrecarga de las estructuras de alumbrado.

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Los concejales opositores Felipe Botta, del bloque UCR / Caminando Futuro, y Pablo Perret, del Frente Cívico, presentaron un proyecto de ordenanza para derogar la norma que habilitó el tendido aéreo de redes de telecomunicaciones de AMX Argentina S.A., empresa que presta el servicio bajo la marca Claro.

La iniciativa busca dejar sin efecto la Ordenanza N.º 8.290/2026, sancionada en febrero de este año, y el convenio firmado entre el Municipio y la compañía el 16 de diciembre de 2025.

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El cuestionamiento al cableado aéreo

En los fundamentos, los ediles sostienen que la autorización representa un cambio respecto de la política de soterramiento que Villa María mantiene desde hace más de una década.

Según plantean, la Ordenanza N.º 6.270 establece el soterramiento obligatorio de las redes y tiene como objetivo evitar la saturación visual y preservar la seguridad urbana.

Los concejales cuestionan que la firma quedó autorizada a utilizar hasta tres postes cada 100 metros y a montar infraestructura sobre columnas de alumbrado público, ménsulas y luminarias para alcanzar una cobertura inicial de 50.000 hogares.

Botta y Perret advierten que esto acarrea posibles riesgos operativos vinculados con la caída de cables, cortocircuitos y sobrecarga de las estructuras de alumbrado. También señalan un posible impacto sobre el arbolado y la imagen urbana.

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Además, cuestionan que el acuerdo no haya contado, según sostienen, con un dictamen previo del Consejo Asesor de Planificación Urbana, estudios de impacto ambiental ni consultas a los centros vecinales de los sectores alcanzados.

Piden retirar las instalaciones en 90 días

El proyecto propone ratificar la vigencia de la normativa que establece el soterramiento obligatorio y establece que el Ejecutivo intime a la empresa a retirar las instalaciones aéreas ya desplegadas.

El plazo planteado es de 90 días, con los costos a cargo de la prestataria.

La iniciativa deberá ahora avanzar por el Concejo Deliberante para su tratamiento.

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