Tres comercios fueron clausurados y 860 kilogramos de productos alimenticios decomisados en Villa María durante los últimos 60 días. La Municipalidad, a través de la Dirección de Bromatología, ejecutó estos procedimientos por incumplimiento de normas de seguridad alimentaria.
De esta manera, los controles se intensificaron en comercios, minimercados y supermercados de la localidad.
Asimismo, las clausuras afectaron a establecimientos ubicados en Las Playas y San Justo que no reunían condiciones de higiene necesarias.
Productos vencidos y sin trazabilidad detectados
En primer lugar, varios productos permanecían expuestos para la venta pese a haber superado su fecha de caducidad. Por otra parte, otros alimentos carecían de rotulación reglamentaria, lo que impedía conocer su origen y trazabilidad.
Además, se detectaron casos de interrupción en la cadena de frío, representando un riesgo sanitario significativo. En consecuencia, estos incumplimientos motivaron el decomiso y destrucción de la mercadería durante junio y julio.
“Se desarrollaron diversas inspecciones a comercios, minimercados y supermercados en nuestra ciudad, durante los meses de junio y julio, en las cuales se han encontrado irregularidades en cuanto a la fecha de vencimiento y al etiquetado. A raíz de ello, se ha concretado el decomiso de la mercadería mencionada”, indicó Álvaro Guerrero, director de Habilitaciones Únicas y Bromatología.
Recomendaciones para consumidores
En este marco, la Dirección de Bromatología recuerda verificar siempre la fecha de vencimiento antes de comprar. También resulta fundamental comprobar que productos como lácteos, carnes y pescados estén correctamente refrigerados.
Asimismo, es necesario revisar que los envases estén en buen estado, sin roturas ni abolladuras. Por último, los alimentos deben contar con rotulación correspondiente y provenir de comercios habilitados.
Controles permanentes continuarán
Por su lado, los operativos de fiscalización continuarán realizándose de forma permanente en distintos puntos de la ciudad. En este sentido, el objetivo apunta a prevenir riesgos sanitarios y garantizar la seguridad alimentaria.
Finalmente, estas acciones se enmarcan en la política de protección de la salud pública municipal, indicaron fuentes oficiales.
Como resultado, buscan asegurar que los alimentos comercializados cumplan con estándares de calidad e inocuidad establecidos por la normativa vigente.
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