La Ciudad de Córdoba se encamina a aprobar un estricto marco regulatorio contra las hordas de motociclistas y los escapes libres. El texto a tratarse en el Concejo Deliberante unifica 7 proyectos distintos e incluye la destrucción de escapes. De esta manera, el cuerpo legislativo adopta herramientas preventivas ya aplicadas por la Municipalidad de Villa María.
Contaminación acústica
El cambio en la legislación responde al reclamo vecinal por el derecho al descanso. El objetivo principal de la normativa es asegurar un entorno libre de contaminación acústica para todos los ciudadanos. A nivel local, este mismo problema impulsó la sanción de las ordenanzas 8.156 y 7.376.
El documento incluye la tipificación legal de las hordas de vehículos para frenar el desorden urbano. Dicha categoría abarca el desplazamiento conjunto de 2 o más rodados que bloquean calles o realizan maniobras peligrosas. Esta estrategia replica la ordenanza 8.266, clave para desarticular grupos reducidos en la localidad villamariense.
Costo de infracciones
Quienes integren estas caravanas recibirán multas de entre 20 y 200 Unidades Económicas Municipales. El valor de referencia para cada unidad corresponde a 8 litros de nafta súper. Las sanciones incluyen además hasta 60 días de inhabilitación para conducir, trabajo comunitario y cursos de seguridad vial obligatorios.
La legislación también apunta directamente a quienes fomentan estas prácticas ilegales. Los organizadores de las concentraciones deberán abonar multas desde 50 Unidades Económicas Municipales. Asimismo, se establece una responsabilidad solidaria para que el titular de la motocicleta responda legalmente junto al conductor infractor.
Decomiso y destrucción de escapes
Las fuerzas de seguridad tendrán la potestad de ejecutar el secuestro inmediato de rodados con dispositivos ruidosos. El titular de la cédula azul deberá instalar un escape homologado y pagar el acarreo para recuperar su vehículo. La pieza no permitida será decomisada y destruida en actos públicos de concientización.
Aunque este proyecto endurece los controles viales, el municipio local mantiene condiciones punitivas más amplias. Quienes resulten sentenciados por participar de estas agrupaciones temerarias enfrentan la suspensión de beneficios sociales municipales. Esta restricción abarca subsidios directos y programas de ayuda alimentaria.
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