La situación de los menores acusados del crimen del remisero de James Craik

La fiscal Juliana Companys habló sobre la situación de los menores de 13, 14 y 17 años acusados de ser los agresores de Ramón Maldonado, el remisero de James Craik hallado sin vida.

 

La noticia del crimen de Maldonado conmocionó a la localidad de James Craik y la región.

El hombre se encontraba en un camino rural sin vida, luego de que su esposa denunciara su desaparición.

El domingo por la noche, el hombre recibió un llamado para llevar a los menores a un campo de la zona. Tomó el viaje y nunca mas se supo de él.

La investigación avanzó rápidamente, ya que en Agua de Oro, Santiago del Estero, se encontró el vehículo de Maldonado y a los menores.

La situación de los agresores es compleja: no solo por su edad, sino por el contexto en el que se encontraban desde hace un tiempo, con un consumo problemático de estupefacientes.

La situación de los menores

La fiscal indicó que los tres fueron trasladados al complejo Esperanza. «Están allí y los hemos imputado a los tres por criminis causa», dijo.

Esto significa que el asesinato fue para ocultar el robo del vehículo y dinero al remisero.

Respecto a las edades y las posibilidades judiciales, a Cadena 3 indicó que «tendrán medidas disciplinarias pero el menor de 17 años pasará por un proceso penal, sin dudas».

También confirmó que los adolescentes conocían al remisero y «para evitar que los denuncie, lo matan».

Si bien aún no fueron indagados, Companys dijo que han referido quién ha sido físicamente el que lo ejecutó.

«Pero son responsables los tres, porque los tres estaban en el lugar y los tres operaron para el delito», expresó.

Los menores de 13 y 14 años tendrán medidas tutelares, mientras que el de 17 está en condiciones de recibir la imputación.

Había antecedentes

Companys agregó que dos de los adolescentes tenían antecedentes. Robos, drogas y una intervención de la Senaf.

Los jovenes tienen consumos problemáticos de drogas y no asistían con regularidad a la escuela.

«Las familias no podían contenerlos así que Senaf tuvo que tomar otras medidas, pero no estaban internados», contó la fiscal.