La adecuación provincial se produce a partir de la entrada en vigencia de la Ley nacional 27.801, que reemplaza el esquema nacional que regía desde 1980 y establece un nuevo sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años.
Con esta nueva aplicación, un adolescente de 14 o 15 años acusado de cometer un delito podrá ser sometido a un proceso penal. Sin embargo, la incorporación al sistema no implica que todos los casos terminen en una privación de la libertad.
Las medidas deberán determinarse de acuerdo con la gravedad del hecho, las circunstancias del caso y la situación particular del adolescente.
La decisión estará a cargo de los jueces que intervengan en cada causa.
Alternativas de penalización
El nuevo régimen prioriza las medidas socioeducativas, las prácticas de justicia restaurativa y las respuestas que permitan que el adolescente continúe con su educación y pueda avanzar en su reintegración social.
Entre las herramientas previstas aparecen las prohibiciones de acercamiento o contacto con las víctimas, restricciones para concurrir a determinados lugares, reparación del daño, amonestaciones judiciales y servicios a la comunidad.
También podrán establecerse acompañamiento de equipos interdisciplinarios, asistencia escolar, formación ciudadana y capacitación laboral, actividades deportivas y culturales y tratamientos médicos o psicológicos cuando correspondan.
En determinados casos se podrá incorporar monitoreo electrónico y un sistema de acompañamiento mediante supervisores especializados.
Cuándo puede haber privación de la libertad
La privación de la libertad deberá ser una medida excepcional, que figura como último recurso.
Cuando corresponda, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados y separados de personas adultas.
El régimen contempla institutos abiertos, centros especializados de detención y también el arresto domiciliario.
La normativa establece además un máximo de 15 años de privación de la libertad y prohíbe las penas de prisión o reclusión perpetua para adolescentes.
El rol de la SeNAF
En Córdoba, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) tendrá un papel central en la implementación del nuevo sistema.
Entre sus tareas estarán los programas socioeducativos, las prácticas de justicia restaurativa, los centros de alojamiento y el acompañamiento y seguimiento de los adolescentes alcanzados por las medidas.
También deberá articular acciones con municipios, comunas, escuelas, organizaciones sociales y áreas vinculadas a la salud.
Con la entrada en vigencia de la reforma nacional, Córdoba cuenta desde este sábado con un marco provincial adaptado al nuevo Régimen Penal Juvenil.
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