La Defensoría advierte por la crisis del sistema de discapacidad en Córdoba

Un informe del organismo detectó aranceles que subieron 225% frente a una inflación de 336% y pagos atrasados hasta un año a los prestadores.

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Carlos Galoppo habla con un micrófono durante la presentación del informe sobre discapacidad
Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto de Córdoba, durante la presentación del informe sobre el sistema de discapacidad. (Foto: Defensoría del Pueblo de Córdoba)

La Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó el lunes 5 de octubre el informe “Crisis del Sistema de Prestaciones y Apoyos para Personas con Discapacidad en Córdoba”, que advierte sobre la crisis del sistema de discapacidad por el desfinanciamiento nacional. El estudio, elaborado por las áreas de Inclusión Social y Estadísticas del organismo, se basó en grupos focales y entrevistas realizadas en junio y julio con los principales actores del sector.

Aranceles y pagos

Según el informe, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 los aranceles del Nomenclador Nacional aumentaron un 225% promedio, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 336%. La brecha entre ambos indicadores es de 111 puntos porcentuales.

El documento registra además demoras que van desde varios meses hasta un año en el cobro de prestaciones a obras sociales y programas estatales. Los profesionales de la salud y la educación sufren atrasos de entre 90 y 180 días en el cobro de honorarios, lo que los empuja al pluriempleo o a la informalidad.

En la presentación, el Defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, advirtió que las resoluciones de pensiones no contributivas acumulan demoras de 2 a 3 años, o incluso más. También señaló atrasos de 4 a 9 meses para la provisión de prótesis y medicamentos, y de 9 a 14 meses para las altas en centros de rehabilitación.

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Carlos Galoppo expone el informe sobre discapacidad ante el público en la Defensoría del Pueblo de Córdoba
La presentación del informe se realizó ante instituciones, prestadores, personas con discapacidad y familiares. (Foto: Defensoría del Pueblo de Córdoba)

El rol de Nación

El informe cuestiona al Estado nacional por la falta de fiscalización de la Superintendencia de Servicios de Salud y por el incumplimiento de la Ley de Emergencia 27.793. También describe la reestructuración de la ex ANDIS en SENADIS, bajo el Ministerio de Salud, y señala que la oficina de Córdoba pasó de 12 a solo 4 agentes presenciales, además del cierre de la sede de Río Cuarto.

Los actores consultados denunciaron un discurso oficial centrado en la “sospecha de fraude” que, según el documento, busca estigmatizar al sector. En la provincia, más de 400.000 personas conviven con limitaciones funcionales permanentes, aunque solo 127.774 tienen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Un sistema que se desgrana

La Defensoría concluyó que el sistema atraviesa un “desgranamiento paulatino”, comparable a una torre de Jenga a la que se le retiran piezas constantemente. Según el estudio, si aún no colapsó es por el sobreesfuerzo de las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones y los profesionales, con una sobrecarga que recae sobre todo en las mujeres que asumen los cuidados.

Galoppo planteó la necesidad urgente de regularizar los pagos a las instituciones prestadoras, la mayoría de las cuales reclama períodos adeudados desde 2025. En Villa María, familias y prestadores volvieron a movilizarse el 23 de septiembre en el Teatrino, tras una convocatoria de la Asociación Hablemos de Autismo, y en 2025 organizaciones locales habían repudiado el escándalo en la Andis.

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