La fiscal de Instrucción y Familia del 2° Turno de Villa María, Juliana Companys, fue acusada por una presunta falta disciplinaria, a partir de haber concedido una entrevista para el documental “El vendedor de ilusiones: el caso Generación Zoe”, de Netflix.
La Secretaría de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial le inició un sumario.
La información fue publicada por La Voz del Interior.
El cuestionamiento radica en que la causa, por asociación ilícita y estafas, aún estaba en etapa de instrucción al momento de la entrevista.
Detalles de la acusación
Una fuente judicial citada por La Voz indica que Companys brindó la entrevista cuando la causa había sido elevada a juicio, pero esta decisión estaba recurrida.
Al no estar firme la elevación, se entiende que la fiscal de Villa María debió abstenerse de hacer declaraciones públicas de ese tenor.
El año pasado, el Tribunal de Ética Judicial analizó el desempeño de Companys.
En diciembre realizó una “recomendación” a la funcionaria, elevando el caso al TSJ para que evaluara si existía un “remanente disciplinario”.
El TSJ encargó las actuaciones a la Secretaría de Sumarios Administrativos, a cargo de Tristán Quiles.
Esta semana, la investigación arrojó “elementos suficientes” para abrir el sumario administrativo interno a la fiscal.
Declaraciones cuestionadas y normativa
El documental de Netflix muestra a la fiscal Companys dando detalles precisos de la investigación contra Leonardo Cositorto.
Entre sus expresiones, se escucha a la fiscal decir:
“Nosotros demostramos el dolo de Cositorto y su banda” y “Nosotros no habíamos tenido ese gusto eh, je, sí, por así decirlo…” al referirse a las capturas internacionales.
También brindó detalles del allanamiento en República Dominicana donde fue detenido Cositorto.
La objeción del área de Sumarios Administrativos es que esta conducta de la fiscal de Villa María va en contra de los deberes de decoro, reserva, responsabilidad, buen obrar y confianza que se exigen a los integrantes de la Justicia.
Se considera que, al no ser una nota meramente informativa, debería haber sido consultado con su superior, el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado.
Las normas procesales indican que la etapa de investigación debe ser secreta para terceros.
Se señala que Companys habría violado el Acuerdo Reglamentario 331 de 1996, que prohíbe transformar el quehacer judicial en un hecho de supuesto espectáculo.
También se menciona la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que busca satisfacer el derecho a la información sin afectar la eficacia y tutelando la intimidad de los imputados.
Cositorto y otros imputados reclamaron por este documental, entendiendo que la fiscal hizo declaraciones que debía reservar.
Impacto en la causa y situación actual
Los recursos de oposición a la elevación a juicio fueron progresando.
En octubre de 2024, la Cámara del Crimen de Villa María anuló la citación a debate oral, solicitando a Companys reformular aspectos del caso.
La Cámara señaló un “relato vago” y exigió más claridad sobre las responsabilidades de Cositorto y otros imputados.
La fiscal volvió a elevar la causa. La semana pasada, la Cámara del Crimen de Río Tercero confirmó esta elevación a juicio.
Los voceros tribunalicios aclararon que la fiscal no recibió remuneración por la entrevista.
El martes pasado, Companys fue notificada de la apertura del sumario y emplazada a presentar su descargo, designar abogado defensor y aportar pruebas.
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