- La Legislatura de Córdoba aprobó una ley que establece un Procedimiento Penal Juvenil.
- Menores de 16 años que cometan delitos graves podrán ser alojados en el Complejo Esperanza.
- La oposición apoyó en su mayoría, aunque hubo críticas y protestas durante el debate.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles un proyecto de ley que establece un Procedimiento Penal Juvenil con medidas de “resguardo institucional” para menores de 16 años que cometan delitos graves. La norma fue respaldada por el oficialismo y la mayoría de la oposición, salvo algunas excepciones. El objetivo es fijar límites y garantizar la contención de estos jóvenes.
El proyecto, impulsado por los legisladores oficialistas Miguel Siciliano, Victoria Busso y Julieta Rinaldi, recibió modificaciones propuestas por el radicalismo.
La ley permite que adolescentes involucrados en delitos graves, como homicidios o robos agravados con armas, sean derivados a un nuevo espacio dentro del Complejo Esperanza.
Esto será por hasta seis meses, bajo medidas de resguardo institucional.
Procedimiento Penal para menores de 16
El régimen procesal aprobado establece que, ante un delito cometido por un menor de edad no imputable, el juez Penal Juvenil podrá archivar la causa, dictar medidas socioeducativas o remitir el caso a organismos especializados en la restitución de derechos vulnerados.
Para los casos de delitos graves, se prevé la intervención del fiscal Penal Juvenil para determinar la participación del menor y evaluar la aplicación de medidas excepcionales.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la creación de una Mesa de Coordinación y Seguimiento, integrada por representantes de los tres poderes del Estado y del sector académico.
Esta mesa evaluará la implementación y efectividad del nuevo procedimiento.
Cómo fue el debate
Desde el oficialismo, el presidente del bloque, Miguel Siciliano, destacó la importancia de la ley y su relación con el debate nacional sobre la imputabilidad.
“Mientras el Congreso discute la baja de la edad de imputabilidad, en Córdoba damos un paso adelante con herramientas para abordar esta problemática”, afirmó.
Por su parte, la legisladora opositora Brenda Austin subrayó la importancia del seguimiento en la aplicación de la norma y la necesidad de garantizar recursos adecuados.
“Vamos a estar atentos para que se cumplan las medidas alternativas de acompañamiento y se garantice el financiamiento”, sostuvo.
No obstante, la iniciativa también generó rechazo. La legisladora de izquierda Luciana Echevarría cuestionó la medida y acusó al Estado de excluir a los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
“Este sistema busca apartarlos y ponerlos al margen”, criticó.
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