Córdoba se posiciona como la provincia con mayor desarrollo en generación distribuida del país, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación.
Según datos actualizados a marzo de 2025, la provincia cuenta con 1.086 usuarios-generadores que ya completaron sus instalaciones de generación distribuida.
Estos, hacen un aporte de 3.410 kW de potencia instalada a la red mediante medidores bidireccionales.
Este desempeño no solo la ubica primera a nivel nacional en cantidad de conexiones, sino también en volumen de energía limpia inyectada al sistema.
Fuentes oficiales destacaron que así se reafirma el compromiso provincial con una matriz energética más descentralizada y sustentable.
Una política energética con visión territorial
El avance sostenido de la generación distribuida en Córdoba responde a un plan estratégico impulsado desde el Gobierno provincial, coordinado actualmente por la Secretaría de Planificación Energética del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Este enfoque continúa el camino iniciado por la ex Secretaría de Biocombustibles y Energías Renovables, con una clara visión territorial, inclusiva y sostenible.
La política permite a hogares, comercios, industrias y organismos públicos generar su propia energía —principalmente solar fotovoltaica— y volcar los excedentes a la red, obteniendo una compensación económica directa en sus facturas de electricidad.
Crecimiento sostenido y cambio cultural
Además de los sistemas ya en funcionamiento, 201 nuevos usuarios-generadores se encuentran en proceso de conexión, con una potencia proyectada de 5.656 kW adicionales.
Este crecimiento refleja no solo avances tecnológicos, sino un profundo cambio cultural: cada vez más ciudadanos eligen participar activamente en la transición energética.
Los beneficios son múltiples: ahorro económico, reducción de emisiones contaminantes, diversificación de la matriz energética y fortalecimiento del sistema eléctrico.
La expansión de esta modalidad alcanza a hogares, pymes, cooperativas y escuelas, democratizando el acceso a la energía renovable.
Generación distribuida comunitaria: energía compartida, beneficios compartidos
Uno de los desarrollos más innovadores en Córdoba es el impulso a la generación distribuida comunitaria, una figura contemplada en la Ley Nacional 27.424 y reglamentada en la provincia por la Ley 10.604.
Este modelo permite que múltiples usuarios compartan una misma instalación renovable, ideal para barrios, pueblos, consorcios, cooperativas y empresas que no pueden montar equipos en sus techos.
Uno de los casos emblemáticos es el Parque Solar Morteros, el más grande del país en su tipo, con una potencia de 340 kWp.
Esta modalidad permite integrar a sectores históricamente postergados, promover el arraigo rural, generar empleo local y fomentar la organización comunitaria en torno a un recurso estratégico como la energía.
Transparencia, acceso y participación ciudadana
El éxito del modelo cordobés se basa en un ecosistema coordinado entre Estado, sector privado y ciudadanía. Instaladores habilitados, distribuidores eléctricos, municipios comprometidos y usuarios informados son los pilares de una política pública que promueve transparencia, accesibilidad y participación activa.
“El éxito de Córdoba en generación distribuida no es fruto del azar, sino de una política pública que combina planificación, acompañamiento técnico y participación ciudadana”, señaló Sergio Mansur, secretario de Planificación Energética del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
“Hoy estamos dando un paso más, apostando a modelos comunitarios que permiten que la energía renovable llegue a todos, sin distinciones. En el campo o en la ciudad, en un edificio o en un club de pueblo, la energía limpia debe ser un derecho, no un privilegio”, agregó Manzur.
Córdoba, faro nacional en transición energética
Con resultados concretos, una política activa e inclusiva y una ciudadanía comprometida, Córdoba se consolida como líder nacional en generación distribuida y transición energética.
El modelo cordobés es ejemplo de cómo la planificación estratégica, la innovación normativa y la participación ciudadana pueden transformar la realidad energética de un territorio, con impacto directo en la sostenibilidad ambiental, el desarrollo local y la justicia energética.
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