El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió por unanimidad iniciar una acción judicial para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria del Plenario de Rectoras y Rectores, realizada en la Facultad de Derecho de la UBA, con la participación de todas las universidades públicas del país, entre ellas la UNVM.
“Nos volvemos a encontrar 40 años después del primer Plenario del CIN para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, expresó el presidente del cuerpo, Oscar Alpa.
El reclamo: respeto a la ley y división de poderes
El Poder Ejecutivo Nacional vetó la norma aprobada por ambas Cámaras, pero el Congreso la ratificó el 2 de octubre.
Actualmente, la ley está promulgada pero suspendida hasta definir su financiamiento.
“Un decreto no puede suspender una ley. Viola la división de poderes con fundamentos inválidos”, sostuvo Leandro Vergara, decano de la UBA.
Por su parte, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que “es grave naturalizar el incumplimiento de la ley”.
A su vez, remarcó que las universidades actuaron con responsabilidad institucional antes de recurrir a la Justicia.
Además de la vía judicial, el CIN solicitará al Congreso Nacional que el Presupuesto 2026 contemple como base los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
De este modo, el sistema universitario busca asegurar la sostenibilidad presupuestaria y la recomposición salarial de docentes y nodocentes de todas las universidades públicas del país.
La UNVM ratificó su apoyo a la acción colectiva
La Universidad Nacional de Villa María (UNVM) adhirió a la decisión del CIN de acompañar la acción judicial.
La institución estuvo representada en la reunión del CIN por la vicerrectora Elizabeth Theiler, quien participó de la manera virtual y sumó su voto positivo.
Durante la última sesión del Consejo Superior, realizada el 15 de octubre, los representantes de todos los claustros habían respaldado por unanimidad la postura del rectorado.
El rector Luis Negretti había anticipado la posibilidad de una declaración de inconstitucionalidad del decreto presidencial si el Ejecutivo mantenía la suspensión de la ley.
Cabe precisar que la Ley N° 27.795 garantiza el sostenimiento financiero de las universidades nacionales y la recomposición salarial de los trabajadores docentes y nodocentes.
Su cumplimiento, según dijeron desde el CIN, resulta esencial para preservar la educación pública, fortalecer la investigación y mantener la igualdad de oportunidades en todo el país.
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