Pidieron a fiscalía que investigue si hubo delito en compra de tierras a Souto

A primera hora de este miércoles, la concejal Karina Bruno, reelecta por Vamos Villa María, se presentó ante la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno, a cargo de René Bosio, para pedir que se inicie una investigación penal.

Según se informó desde el Pro Villa María, es “a los fines de determinar si se incurrió en algún delito contra la Administración Publica en virtud de la transacción comercial llevada adelante por la Municipalidad de Villa María por la compra de tierras sobre Ruta 9 y la intersección de Ruta 2, frente a la planta transformadora de EPEC”.

La denuncia pública

La referencia es a lo denunciado públicamente el día martes por su par, el concejal electo Luis Caronni, en relación a la adquisición por 780.000 dólares de 7 hectáreas a una sociedad integrada, entre otros, por Daniel Souto.

VER ► Denuncian que el Municipio le compró tierras por U$S 780.000 a Souto

Mecanismos de control

“La posibilidad de que dicha operación haya evadido los mecanismos de control naturales de la administración municipal torna determinante su aclaración por parte de la intervención judicial”, sostiene el parte de prensa difundido.

“En necesario que el Intendente Gill de explicaciones acabadas y precisas sobre la operación y el procedimiento llevado adelante, máxime cuando de lo que trascendería del referido decreto es que garantiza el pago mediante la afectación de la coparticipación que por recursos tributarios percibe el municipio de Villa María de parte de la Provincia”, agrega al información.

La primera reacción

Luego de conocida la situación a partir de los dichos de Caronni, el jefe de Gabinete, Héctor Muñoz, fue quien salió a responder sobre el tema.

VER ► Muñoz respondió a Caronni: “Todo es legal, me preocupa que salga a confundir”

“Deben aclarar”

“En el marco de la transparencia publica de los actos de gobierno, tantas veces invocada pero pocas veces practicada, no haber dado a conocer la operación públicamente con más la correspondiente publicación en el boletín oficial del decreto, es un accionar más de la gestión del Intendente Gill que debe ser aclarada, pero esta vez con la necesaria intervención de la justicia”, concluye el parte.

Foto: Concejales Pro Villa Maria.

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